Ir al contenido
#ENTREVISTA

Multas y tasas que ponen al transporte contra las cuerdas

Martín Borbea Antelo, presidente de PAETAC, advirtió sobre el impacto de las infracciones en Avellaneda y los cobros al transporte en Ramallo. Denunció que algunas empresas acumulan multas por más de $200 millones y defendió la gestión institucional y la vía judicial para enfrentar los reclamos.

Una infracción de tránsito puede convertirse en mucho más que una sanción para una empresa de transporte. Cuando los montos se acumulan, comprometen sus recursos y alcanzan sus cuentas bancarias, el problema deja de ser administrativo para amenazar la continuidad del negocio. Esa fue una de las principales advertencias de Martín Borbea Antelo, presidente de PAETAC, durante la entrevista que le realizó Mariano Vidal en el programa Supertruck.

Con los casos de Avellaneda y Ramallo como ejes, el dirigente cuestionó el uso de multas y cobros municipales con fines recaudatorios. También planteó las dificultades que generan las diferencias entre jurisdicciones para renovar las licencias profesionales y explicó cómo trabaja la entidad frente a una agenda que combina urgencias empresarias con gestiones de largo recorrido.

“Un tema que es local es netamente letal para una empresa de transporte”, sostuvo al describir el alcance que pueden tener decisiones municipales sobre la actividad.

Avellaneda: multas que comprometen a las empresas

El trazado de la red de tránsito pesado es uno de los puntos centrales del conflicto en Avellaneda. Según explicó Borbea Antelo, esa red fue modificada en distintas oportunidades y algunas arterias que antes estaban restringidas quedaron posteriormente habilitadas para la circulación de camiones.

El reclamo comprende las infracciones labradas bajo los trazados anteriores. El presidente de PAETAC reconoció que la incorporación posterior de una calle a la red no elimina, por sí misma, una infracción cometida cuando estaba prohibido circular. Sin embargo, consideró que corresponde revisar aquellas sanciones vinculadas con lo que describió como errores en el diseño original.

“Si cometiste un error en trazar una red, después subsanás tu error, deberías también subsanar la infracción”, planteó.

A esa discusión se suma el monto de las multas. El dirigente mencionó sanciones individuales de dos millones de pesos y afirmó que hay asociados de PAETAC con infracciones acumuladas que superan los $200 millones. También señaló que, en algunos casos, se están ejecutando fondos bancarios de las empresas para cobrarlas.

Para Borbea Antelo, esos valores desvirtúan el propósito de una sanción: corregir una conducta y evitar que se repita.

“Claramente no es una multa que trate de educar, sino de confiscar el recurso de las empresas y de los transportistas”, cuestionó.

Su preocupación excede a Avellaneda. Durante la entrevista sostuvo que las infracciones se transformaron, en numerosos municipios, en una fuente importante de ingresos. El resultado, advirtió, es una presión económica que se incorpora al funcionamiento cotidiano de las empresas.

Ramallo: el costo de entrar y salir para trabajar

El otro frente de reclamo es Ramallo. Según describió el presidente de PAETAC, el dispositivo de cobro está ubicado sobre una vía de acceso al polo industrial y a los puertos de la zona, con impacto también sobre operaciones vinculadas con San Nicolás.

Borbea Antelo cuestionó tanto los importes como el destino de la recaudación. Sostuvo que un cobro destinado al mantenimiento de una calzada debe tener una contraprestación efectiva y objetó que esos recursos se utilicen para financiar otras obras municipales.

La magnitud del impacto depende de la operación de cada transportista. En ese sentido, advirtió que hay empresas que podrían afrontar costos cercanos a los $100 millones mensuales por sus movimientos de entrada y salida.

Desde su perspectiva, la discusión también involucra las condiciones para producir e invertir. Afirmó que aumentar las cargas sobre el transporte, la industria y el comercio puede desalentar inversiones y generar nuevos pasivos, en lugar de favorecer el crecimiento de una ciudad.

La respuesta judicial y los tiempos de la gestión

Frente a estos conflictos, Borbea Antelo defendió el recurso a la Justicia. Aunque expresó cuestionamientos a su funcionamiento y dudas sobre las respuestas que pueden encontrarse en el ámbito municipal, sostuvo que es el camino institucional que corresponde transitar.

“Iremos a la Justicia como corresponde y esperemos que la Justicia actúe en consecuencia”, afirmó.

El dirigente planteó que deberán evaluarse las instancias provinciales o federales que correspondan. Su posición combina firmeza en el reclamo con una aceptación de los tiempos que exige la representación empresaria: reunir argumentos, sostener las gestiones y buscar soluciones no siempre permite la rapidez con la que se toman decisiones dentro de una compañía.

“Como dirigente un poco aprendí a tener esa paciencia que como empresario no la tengo”, reconoció.

Licencias profesionales: capacitación y criterios comunes

La entrevista también abordó las renovaciones de las licencias de conducir profesionales. Borbea Antelo defendió la necesidad de realizar controles psicofísicos y actualizar los conocimientos de los conductores, por la responsabilidad que implica su tarea.

“El tema de las capacitaciones y los psicofísicos para las licencias de conducir, por lo menos profesionales, está muy bien”, sostuvo.

El cuestionamiento se concentra en la frecuencia de las exigencias y en las diferencias entre jurisdicciones. Según explicó, la provincia de Buenos Aires mantiene plazos de renovación que generan una mayor recurrencia de trámites y costos para los conductores.

PAETAC trabaja para acercar criterios y avanzar hacia una mayor uniformidad del sistema. En este punto, el dirigente consideró que existe margen para una solución mediante el diálogo y reconoció que también es necesario comprender los motivos de la posición provincial.

Una entidad histórica frente a problemas actuales

La conversación tuvo como marco un nuevo aniversario de PAETAC, fundada el 16 de octubre de 1893. En la apertura, Mariano Vidal destacó la trayectoria de la institución y el carácter ad honorem de su conducción, como expresión de una tarea orientada al bien común del sector.

Esa representación enfrenta hoy problemas de distintas escalas: desde una multa municipal capaz de comprometer a una empresa hasta cuestiones laborales y económicas que atraviesan a toda la actividad.

Borbea Antelo se mostró partidario de sostener la producción y agotar las herramientas de gestión. “El empresario está para trabajar, para producir”, afirmó, al explicar por qué prioriza otras vías de reclamo por sobre las medidas de fuerza.

Su definición final resume la posición de la entidad ante una agenda que no ofrece respuestas inmediatas: “Los temas son muchos, hay que abarcarlos a todos (…) pero lo que no se baja nunca son los brazos”.